STF Prohíbe Uso de Beneficios Sociales en Apuestas e Impone Restricciones a Publicidad para Menores

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, ordenó que el gobierno federal impida que los beneficiarios de programas sociales utilicen recursos del Bolsa Familia y del Beneficio de Prestación Continuada (BPC) para realizar apuestas deportivas, conocidas como “bets”. La decisión fue publicada este miércoles (13/11). El magistrado también dispuso que entren en vigor de inmediato medidas que prohíban la publicidad de apuestas con niños y adolescentes como público objetivo.

La decisión llegó tras una audiencia pública sobre el impacto de los sitios de apuestas deportivas en el STF. Entre la información presentada se detallaron datos del Banco Central, solicitados por el senador Omar Aziz (PSD-AM). Según el informe técnico, en agosto los beneficiarios del Bolsa Familia gastaron R$ 3 mil millones en apuestas a través de Pix. Entre los 20 millones de beneficiarios, 5 millones realizaron apuestas en octubre.

El sector de apuestas, en expansión en Brasil, ha tenido un impacto significativo no solo en la economía, sino también en la salud pública y el comportamiento social, especialmente entre los más vulnerables. De acuerdo con la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), la popularización de las apuestas ha llevado al creciente endeudamiento de familias brasileñas, lo cual, a su vez, afecta negativamente al comercio y la economía del país. Para la CNC, el impacto de las apuestas en las clases más vulnerables es directo e innegable: las familias que dependen de beneficios sociales terminan utilizando parte de estos recursos en apuestas, lo que genera un ciclo de endeudamiento y disminución en el consumo de bienes esenciales.

Al proponer la inconstitucionalidad de la Ley de Apuestas (Ley 14.790/2023), la CNC busca alertar sobre el impacto potencialmente destructivo de esta práctica, que también influye directamente en la salud mental de los usuarios, aumentando los casos de dependencia en apuestas y afectando el presupuesto familiar. Además, la CNC señala que el uso indiscriminado de las apuestas en línea incrementa el riesgo de lavado de dinero y crea un ambiente propicio para actividades ilícitas.

Para la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que autorizan las apuestas tendría un impacto negativo para el país. Según la asociación, la prohibición podría “dejar el camino libre a plataformas clandestinas que operan fuera del alcance de la fiscalización, perjudicando tanto al consumidor como a la recaudación de impuestos y la creación de empleo”. La ANJL cree que Brasil debe avanzar en la regulación para no retroceder frente a la economía ilegal de las apuestas.

Mientras sectores como la CNC y defensores de la salud pública expresan preocupaciones, asociaciones del mercado de apuestas argumentan que una regulación completa es el mejor camino hacia un entorno de apuestas seguro y transparente. El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), que representa el 75% del mercado de apuestas deportivas en línea en Brasil, defiende que la regulación completa, prevista para entrar en vigor en enero de 2025, es esencial para garantizar la protección de los consumidores y mantener el sector dentro de la legalidad.

Para el IBJR, la regulación debe actuar como un filtro para diferenciar empresas responsables de operadores clandestinos, creando un espacio seguro donde las actividades sean monitoreadas y protegidas por el Estado. La institución señala que Brasil podría seguir el ejemplo de países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde el mercado de apuestas está regulado y brinda protección legal a grupos vulnerables, como niños y personas de bajos ingresos.

Según el IBJR, la falta de regulación solo aumenta el poder de las plataformas clandestinas que, sin la intervención del Estado, operan sin control alguno, exponiendo a los jugadores a prácticas de riesgo y dejando al sector susceptible al lavado de dinero y otras irregularidades.

En la audiencia pública promovida por el STF, varios especialistas destacaron los riesgos de las apuestas para la salud mental y el presupuesto de las familias brasileñas, especialmente aquellas que dependen de asistencia social. El ministro Fux, al cierre de la audiencia, destacó que la falta de regulación fue un punto de consenso entre los testimonios, reforzando la necesidad de establecer pautas más estrictas para el sector.

“Una cosa fue uniforme en todas las exposiciones: la cuestión de la falta de regulación”, dijo Fux. Señaló que, aunque el Ministerio de Hacienda ya ha emitido normativas para regular el mercado, aún no han entrado en vigor, lo que prolonga la exposición de los consumidores a un mercado sin control. El ministro indicó que revisará la vigencia de estas normativas para asegurar que las regulaciones se implementen lo antes posible, promoviendo un entorno más seguro y protegido para los jugadores y sus familias.

La decisión del ministro Fux representa un paso importante en la búsqueda de una regulación eficaz y protectora del mercado de apuestas en Brasil. Al prohibir el uso de beneficios sociales en apuestas y acelerar las restricciones de publicidad para menores, el STF reconoce los riesgos que la actividad representa, especialmente para los grupos más vulnerables. Este es un movimiento que busca equilibrar el derecho al entretenimiento con la responsabilidad social y la protección de las finanzas familiares.

Para el mercado de apuestas, la decisión del STF destaca la importancia de avanzar con una regulación que sea clara, integral y protectora, diferenciando a los operadores responsables de los que actúan en la clandestinidad. La regulación se considera una forma de crear un entorno donde el sector pueda crecer de forma sostenible, respetando la ley y contribuyendo a la economía sin comprometer el bienestar social.

La decisión refuerza el papel del Estado en la protección de los ciudadanos y evidencia la necesidad de una supervisión activa y efectiva de un sector que crece rápidamente y presenta riesgos significativos.